El ministro de Gobierno y Trabajo, Juan Manuel Chapo, se reunió con representantes del Registro Nacional de Guardavidas, perteneciente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y del Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina (SUGARA) con el objetivo de avanzar en medidas para regular el trabajo de los guardavidas en la provincia.
En el encuentro se avanzó en la idea de implementar un registro provincial de guardavidas a través de la firma de un convenio entre el Ministerio de Trabajo nacional y el provincial. La herramienta tendrá el objetivo de regular dentro del Chaco la actividad formativa de nuevos guardavidas, así como de los que se encuentran en ejercicio.
Gustavo Gómez, secretario ejecutivo del Registro Nacional de Guardavidas, aseguró que “fue una buena reunión y está la predisposición para llevar a cabo la propuesta, así que lo seguiremos trabajando”. “Hoy entendemos que el Chaco no tiene demasiadas normas jurídicas con respecto a la actividad de los guardavidas y por eso queremos darle un marco legal y las herramientas a los trabajadores para que se sientan protegidos y contenidos en la provincia”, añadió.
Francisco Oporto, delegado de SUGARA, mencionó que el objetivo es crear un mecanismo para regular los puestos de trabajo de los guardavidas y el ordenamiento de los espejos de agua. “La idea es progresivamente ir hablando con los empleadores para que contraten guardavidas que tengan títulos, libreta nacional y que estén avalados para trabajar idóneamente en los espejos de agua”, explicó.
Oporto mencionó que actualmente la provincia cuenta con más de 150 guardavidas recibidos y con más de 150 piletas, de las cuales aproximadamente 100 superan los cuatro metros de profundidad por lo que requieren cuidados especiales para la seguridad.
En la actualidad se encuentra en vigencia la Ley Nacional 27.155 de Ejercicio Profesional de los Guardavidas, a través de la cual se regula la actividad del rubro y se crea el Registro Nacional de Guardavidas. La provincia del Chaco está adherida a dicha normativa mediante la Ley Provincial 2742-S, sancionada en 2017.
