Un dramático giro se produjo en la causa del crimen de Susana Beatriz Montoya, de 74 años y madre del integrante de la agrupación H.I.J.O.S. Fernando Albareda, quien fue golpeada y estrangulada entre el jueves a la noche y la mañana del viernes pasados. Se presumía que podía haber sido víctima de una venganza relacionada con los derechos humanos y los crímenes de la última dictadura. Pero ahora la Justicia ordenó la detención del hijo de la víctima, que quedó imputado por homicidio calificado por el vínculo.
El fiscal de distrito 4, turno 3, Juan Pablo Klinger, acusó al detenido. Albareda había contado en todas sus declaraciones periodísticas que había encontrado el cuerpo de su madre en el patio de su casa, en el barrio Ampliación Poeta Lugones, con signos de violencia: golpes en la cabeza y un corte aparentemente realizado con un arma blanca. A eso se sumó una pintada que representaba una grave amenaza. En la vivienda, escrito con lápiz labial en una pared, apareció el mensaje “los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos”.
“Se ha llegado a la decisión comunicada, a partir de la incorporación de profusos y contundentes elementos probatorios que permitieron reconstruir de manera forense las circunstancias que nos llevan a sostener que existen motivos bastantes para sospechar de la participación del nombrado Fernando Armando Albareda en el hecho que nos ocupa”, señala un comunicado del Ministerio Público Fiscal difundido esta tarde.
También se destaca que el informe técnico del Área de Grafocrítica de la Policía Judicial ha podido establecer preliminarmente que “los manuscritos obrantes en la pared de la casa de la víctima presentan grafocinetismos afines con algunos de los grafismos de los anónimos analizados con motivo de las amenazas denunciadas el 8 de diciembre del año 2023 por el imputado, presentando ambas características similares a las de Fernando Armando Albareda”.
Fernando Albareda, de 53 años, es hijo de Ricardo Fermín Albareda Kalemberg, subcomisario de la Policía de Córdoba asesinado durante la última dictadura por una “patota” del Departamento de Inteligencia de la fuerza de seguridad provincial, la D2. El 8 de diciembre pasado denunció la aparición de carteles con amenazas y seis balas calibre 22 en su casa. Eso derivó en los mensajes de repudio por el hecho de buena parte del arco político cordobés.
Los mensajes estaban escritos en papeles: “Te vamos a juntar con tu papito”; “Sos hijo de terrorista. Se te terminaron los amigos de la Policía”; “No vayas más a la escuela ni a jefatura. Va a morir”. Es que Fernando Albareda daba clases de derechos humanos en la Escuela de Policía de Córdoba.
El ahora detenido es funcionario en la delegación local de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Había recompuesto la relación con su madre en los últimos tiempos.
Según el estudio forense, a Montoya la golpearon con un trozo de cemento en la cabeza, la asfixiaron, la estrangularon y, ya muerta, le clavaron un cuchillo en el cuello. El cadáver fue cubierto con pasto y restos de excremento de perro hallados en el patio.
Fernando Albareda repitió a todos los medios de prensa con los que habló –ocasiones en las que se mostró visiblemente conmocionado– su sospecha de que el asesinato de su madre “no tenía un móvil de robo”. Precisó, en esos casos, que la había visto por última vez el jueves pasado, cuando la acompañó a un turno médico.
Agregó que había intentado comunicarse con ella por teléfono, sin éxito, y que por eso fue a la casa el sábado. Al llegar, supuestamente preocupado por la falta de contacto, se encontró con una situación anormal, ya que “la imagen de la casa era rara, porque las persianas estaban cerradas”.
Poco después, según su versión, vio el cuerpo de su madre. Para la Justicia, en cambio, las cosas ocurrieron muy diferente. Por eso se ordenó el arresto del hijo de la víctima, acusado de homicidio.
Según fuentes de la investigación, Albareda efectivamente estuvo con su madre el jueves a la tarde, e incluso cenó con ella. Pero la habría atacado por detrás cuando la mujer salió al patio a darles de comer a sus perros. Un peritaje sobre los teléfonos celulares situó al integrante de H.I.J.O.S. en la zona del crimen. Fue detenido hoy al mediodía, en la calle.
Impacto político
La familia debía cobrar un resarcimiento de 76 millones de pesos con motivo de la reparación histórica por el secuestro y asesinato de Ricardo Fermín Albareda Kalemberg. El cobro debía realizarse en las próximas semanas.
El sábado pasado, apenas se conoció el crimen, los organismos de derechos humanos de Córdoba subieron a sus redes una foto de la víctima junto a su hijo, con el mensaje: “Dolor por el asesinato de Susana Beatriz Montoya. Exigimos que se esclarezcan con urgencia, por parte de la Justicia y el poder político de la provincia, los móviles del crimen, sean estos de delito urbano y/o su posible correlato político, dada la existencia de reiteradas amenazas a la familia Albareda. Dijimos ‘Nunca Más’. Estamos en alerta y movilización”.
El asesinato generó preocupación en el ambiente político. El Partido Revolucionario de los Trabajadores, donde militaba el marido de la víctima, señaló: “El grupo de carácter fascista que perpetró el asesinato de Susana (madre de Fernando y viuda de Ricardo) pasó de las amenazas a la acción y dejó un mensaje: “Los vamos a matar a todos hdp ahora vamos por tus hijos #Policía”.
La Nación
