El Gobierno volvió a armar este miércoles la mesa de diálogo que había abierto hace unas semanas con sectores de la oposición alineados con su política. Y esta vez sumó a algunos sectores del radicalismo a la discusión, tal como había ocurrido a principios de la gestión libertaria. Por eso además de una delegación de diputados del PRO y de La Libertad Avanza, hubo presencia de un grupo de la UCR encabezado por el titular del bloque, el cordobés Rodrigo de Loredo, y con algunos integrantes de ese partido en la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara Baja, como el mendocino Lisandro Nieri, y Luis Picat, uno de los “rebeldes” que acompañó al oficialismo en alguna de las votaciones clave. Justamente la discusión del Presupuesto que el Gobierno envió el 15 de septiembre fue uno de los temas en los que se intentó avanzar. Cerca del Presidente están confiados en que conseguirán los votos necesarios que les permita contar con esa herramienta en 2025, luego de que en este período se acordara con la gestión de Alberto Fernández prorrogar para este ejercicio el vigente en 2023. El radicalismo, según De Loredo, se llevó de la Rosada el compromiso de que se destinarán 6 puntos del presupuesto por ley a educación, ciencia y tecnología. “Vinimos con una serie de planteos y que fueron satisfechos. Ese de garantizar esos 6 puntos es uno. Nosotros siempre tenemos la posición de que se apruebe el Presupuesto que es una herramienta central del control de la calidad del gasto público. Las prórrogas le han dado una opacidad al gasto de recursos. Aunque tenemos diferencias con el Gobierno celebramos que se base en el equilibrio fiscal. Argentina necesita estabilidad económica, ordenar sus cuentas y el equilibrio fiscal”, explicó. Uno de los puntos en los que insistieron los radicales fue el de la reforma laboral, que había quedado fuera de la Ley Bases y que la UCR reformuló. La respuesta fue que se necesita “más tiempo para avanzar” sobre esa cuestión. Antes del Presupuesto, según pudo averiguar Infobae, en el Congreso se tratarán tres leyes: Ficha limpia, reiterancia y juicio por jurados. Desde la Rosada, a la vez, les pidieron que “con mayor velocidad se trate el tema de la privatización de Aerolíneas Argentinas” en el Congreso. El vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el asesor presidencial, Santiago Caputo encabezaron el cónclave. También participaron del encuentro el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem; y los siguientes diputados: por el PRO, Cristian Ritondo (presidente del bloque) y Silvana Giúdici; por La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz, Nadia Márquez, Santiago Santurio, Carlos Zapata, Manuel Quintar y Gabriel Bornoroni; y por la UCR, Rodrigo de Loredo, Soledad Carrizo, Luis Picat, Roberto Sánchez, Roxana Reyes y Lisandro Nieri. También estuvo presente el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña. En los últimos días, varios funcionarios -el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli, por ejemplo- concurrieron a la Comisión que lidera José Luis Espert en el Congreso para justificar la postura oficial. El Gobierno también escuchó algunos reclamos que hacen los gobernadores a través de los legisladores, luego de los recortes que sufrieron las provincias como el Fondo de Incentivo Docente y el Fondo Compensador del Transporte, principalmente. Tres de ellos, Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Poggi (San Luis), se verán este jueves con el presidente Javier Milei. Podría engrosar esa lista, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri. Ritondo contó que otros temas sobre los que esperan “devolución” es sobre las inquietudes acerca de un reparto distinto “de la coparticipación y solucionar los problemas que afrontan las cajas de jubilaciones en algunos distritos”. Quienes no concurrieron en esta ocasión a Balcarce 50 fueron los representantes del MID, Oscar Zago, Eduardo Falcone y María Cecilia Ibáñez. Los tres estuvieron el martes en Entre Ríos con Rogelio Frigerio. En ese bloque, que suele acompañar a LLA en cada votación, generó ruido la iniciativa que se presentó en la Legislatura de Buenos Aires para que se discuta y se sancione una Ley Bases en la Ciudad de Buenos Aires, con la intención de que se avance en privatizaciones y achicamiento del Estado, dentro del distrito que gobierna Jorge Macri. La última vez que Francos había recibido a los diputados enrolados en los sectores dialoguistas fue el 14 de octubre, cuando estuvo acompañado por otros funcionarios como el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi. Allí se había decidido con el apoyo del PRO, con Cristian Ritondo a la cabeza, impulsar en conjunto la llamada ley Hojarasca y el Presupuesto, pero también avanzar con una reglamentación que habilitase a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) con el objetivo de auditar los fondos destinados a las universidades nacionales. En ese último cónclave se incorporó a las deliberaciones el asesor presidencial Santiago Caputo, respondiendo a una solicitud de la fuerza que preside Mauricio Macri. Las autoridades de PRO, a partir de la poca comunicación entre las partes de las medidas que se toman y una supuesta falta de resultados en la coordinación legislativa, habían insistido en la necesidad de que una de las personas de mayor confianza de Javier Milei se sumara. Y el asesor presidencial accedió al pedido. “Nosotros no pedimos participar de las decisiones del Gobierno, nosotros lo que planteamos desde un principio es que en las resoluciones que se tomen y que después vayan al Parlamento, sí estemos sentado en esa mesa, porque después tenemos voz y voto para ese tipo de cosas y es requerido el PRO. Entonces, lo que pedimos es que para ese tipo de cosas nosotros estemos en la decisión política”, explicó Ritondo después de ese encuentro. Infobae
La UCR se llevó la promesa del Gobierno de que destinará un 6% del Presupuesto a la educación, la ciencia y la tecnología
