En el documento, que trascendió este miércoles, pero que tiene fecha del 22 de julio, la jueza notificó a las partes que ella asumió la instrucción de la causa el 15 de julio pasado. Y les recordó que las denuncias que no están vinculadas directamente a la desaparición de Loan fueron delegadas en el fiscal federal de Goya, Mariano De Guzmán y a la Protex.
La magistrada hacía referencias a las denuncias “por incompetencia a la jurisdicción”, como los presuntos apremios ilegales; y por “amenazas, coacciones, encubrimiento agravado, volcadas en escritos de las partes en el proceso principal y nuevas denuncias, delegadas a ese Ministerio Público Fiscal”. Y agregaba que, además, se encuentra en mejores condiciones de impulsarlas en razón “de los recursos y fiscalías especializadas con que cuenta la Procuraduría General de la Nación”.
En ese contexto, Pozzer Penzo pidió a las partes que “tramiten” los pedidos en los expedientes correspondientes, para “agilizar la recolección y/o decisión sobre la prueba” dentro de cada proceso.
“Lo único que quería era llevar tranquilidad a la familia y a la sociedad que estamos trabajando. Este juzgado hace 9 días que está con la investigación y lo estamos haciendo rendir por 5 y por 4… ¿El enojo? Todo es razonable. Solo queremos decir que el juzgado federal de Goya recibió la investigación el 15 de julio”, remarcó ante la prensa la magistrada este miércoles al entrar a su despacho.
Hay que recordar que hasta el 15 de julio pasado, momento en que se comenzaron a tomar las indagatorias a los detenidos, la instrucción del caso estaba delegada en el fiscal De Guzmán, mientras que el juzgado estaba a cargo de proveer los asuntos que no admitían “demoras sobre las personas privadas de libertad”, y las que “implicaran levantamiento de garantías constitucionales”, como por ejemplo, intervenciones y allanamientos.
O sea, las directivas del caso las daba el fiscal y la jueza cuidaba que se hicieran dentro del debido proceso. Ahora, desde el 15 de julio, Pozzer Penzo tomó las riendas del caso completas.
En el escrito donde sentó postura, la magistrada, además, deslizó: “Las pruebas hasta ahora reunidas no permiten afirmar, pero tampoco descartar de plano, que el hecho imputado (la sustracción y ocultamiento del niño) tuviera alguna finalidad de explotación de las previstas en la norma que contempla la figura de la trata de personas”.
Pero advierte que “resta agotar las medidas de investigación, orientadas a recabar elementos mínimos indispensables para afirmar o descartar hipótesis que, de momento, promueven la competencia del fuero federal”.
Diario Época
